POR IMITACIÓN, SÍ
A propósito de poder votar a los 16
"Ni calco ni copia, creación heroica"
José Carlos Mariátegui
Una tendencia notoria en
nuestra sociedad, reflejada en los medios de comunicación de manera sostenida,
es imitar. La programación televisiva,
por ejemplo, está plagada de formatos importados que alcanzan un alto nivel de
preferencia (rating) en todos los estratos socio económicos, validándose una y
otra vez, al punto que hoy por hoy, en el que podría ser el programa más
exitoso, la originalidad se mide por
quién imita mejor (“Yo Soy”), donde se puede apreciar el extraordinario
talento para mimetizarse que tienen algunos artistas que buscan hacerse
conocidos.
Por otro lado, es por
todos sabido que la calle Azángaro, en el Cercado de Lima, es el lugar donde
fácilmente podemos obtener títulos fraguados de cualquier institución de
educación superior nacional e internacional, con los formatos y características
perfectamente copiados del original (incluso hasta con sello de agua); y ni qué
decir, cualquier etiqueta bamba de
las marcas más sofisticadas; visas, certificados, documentos de todo tipo
falsificados de manera prolija y detallada.
El arte al servicio del delito.
Vivimos en una sociedad
ganada entonces por el remedo, la imitación, la copia (y la fotocopia) legítima
o ilegítima, como valor que garantiza, el consumo.
Sin embargo, es pertinente
aclarar que la capacidad de imitar no es un defecto o una debilidad. Sin duda
se trata más bien de un talento excepcional que naturalmente aflora en algunas
personas y no, en todas. No cuestionamos tal competencia. Lo que pretendemos es
reflexionar sobre su conveniencia, sus alcances, su oportunidad.
La independencia del Perú,
a decir de los historiadores, ya había movilizado esta cualidad imitadora en la
novel “peruanidad” de la república naciente. San Martín, inteligente actor y
observador del proceso, se dio cuenta que nuestra sociedad no estaba preparada
para la democracia importada de la Francia revolucionaria, toda
vez que ésta se sustentaba políticamente en una clase media ilustrada que
configuró y cimentó la ideología necesaria para justificar la revolución. La poca exegesis de tal importanción se explica porque aquí, en el Perú post virreinal, era evidente
que no había clase media y por tanto, la
cultura política de los criollos (en aquel momento clase dominante y dirigente
a la vez) estaba ganada por un inconsciente absolutamente monárquico. Todos querían ser reyes.
Para el Libertador
entonces lo más conveniente era instalar en el Perú el sistema que ya regía en
Inglaterra: una monarquía constitucional. Tal sistema garantizaba, al mismo
tiempo, unidad (alrededor de la imagen de la realeza) y democracia,
al establecerse el voto para elegir al primer ministro y el Parlamento (ciudadanos
elegidos por sufragio universal y secreto, en quienes recae la misión de
gobernar el país por un periodo de tiempo determinado). Ciertamente, también era una imitación, pero
una mucho más conveniente que la otra, la francesa, que a la postre finalmente
se impuso. El resultado fue terrible:
décadas de guerras civiles (a mediados del siglo XIX hubo un momento en el
que llegamos a tener CUATRO presidentes al mismo tiempo), en las que, como
siempre, la carne de cañón, fueron los soldados provenientes de los sectores
más pobres, los esclavos, los indígenas y sus familias. Todo por culpa de aquella vocación por
imitar sin analizar la esencia de las cosas; una imitación apresurada, sin reflexión
previa.
El Senado argentino acaba
de aprobar un proyecto de Ley que establece los 16 años como la edad mínima
para votar en ese país. Al margen de
los detalles de su implementación, está claro que el tema dispara una reflexión
y acaso un debate sumamente interesante (por lo menos debiera serlo para los
comprometidos con la educación en el Perú), sobre la conveniencia o
inconveniencia de copiar, imitar, replicar tal medida en nuestro país.
Si se trata de imitar lo
bueno, lo que en líneas generales beneficiará al país, algunos sostendrán que sí,
que aceptar el voto de los adolescentes peruanos permitiría politizar (ojo, en
el buen y verdadero sentido del concepto) las escuelas, haciendo que la
reflexión sobre el futuro de nuestra sociedad y el país, se potencie desde las
aulas secundarias y no se agote en obtener un 20 o una “A” en el curso de
Educación Cívica, impulsando a los maestros a promover una formación de seres
humanos comprometidos con el bien común y no, como ahora, en que prima el
individualismo exacerbado por la tecnología al servicio del pragmatismo. Los
maestros entonces tendrían la obligación de trabajar sobre la rebeldía natural
de los chicos, generando espacios para forjar demócratas autónomos, plenos, librepensadores,
que les interese participar en la construcción real de un destino común,
dándole por cierto, sentido de sociedad a sus planes de desarrollo personal (a
despecho que quieran luego seguir capacitándose con una profesión
universitaria, técnica o un oficio laboral).
Ahora, desde la otra
orilla, habrá quienes sostendrán que no, que de ninguna manera se debe permitir
rebajar la edad de los habilitados para votar porque eso implicaría un riesgo
demasiado grande, toda vez que los chicos, los adolescentes, son una masa
especialmente manipulable, poco o nada capacitada para el análisis político, la
que por su inmadurez natural, puede ser proclive a comprometerse con discursos
fáciles, populistas, cuando no, extremistas que, lejanos de toda prudencia,
pueden pretender sacar ventaja de la ingenuidad, la rebeldía o la ilusión
natural de los adolescentes por “cambiar el mundo”.
El periodista Aldo
Mariátegui (casualmente nieto del Amauta, autor de la epígrafe de este
artículo) al referirse al tema en su columna del diario Correo, comenta con
bastante perspicacia que en las circunstancias mencionadas podría bastarle a un
político avispado, mencionar que de joven fumó marihuana, que es un liberal
para hablar de sexo o que es un conocedor de bandas de rock para ganarse
fácilmente la simpatía del nuevo “electorado” citadino ; mientras que para los
jóvenes campesinos, el discurso conveniente podría validar la mesiánica prédica
senderista de la acción política de los jóvenes contra aquel Estado corrupto y opresor, ganando ahora sí, de
manera formal, un espacio para el extremismo en todas las escuelas rurales, a
las que justamente el Estado no atiende por falta de recursos o ausencia de
gestión eficaz.
Una postura tercerista
podría amarrar el tema al debate vigente sobre el voto obligatorio. Hay, como
nosotros, quienes abonan por instaurar el voto facultativo, voluntario y no
obligatorio, y esta postura se basa justamente en la convicción que la
participación ciudadana debe ser el resultado de un compromiso asumido con responsabilidad.
La obligatoriedad del voto neutraliza esa convicción toda vez que aleja al
votante de la reflexión profunda que justifica la necesidad de ejercer un
derecho. Pero sin perjuicio de seguir con esta prédica, la posibilidad de que
los chicos de 16 años voten por voluntad y no por obligatoriedad, generaría la
necesidad de estrategias formativas más eficientes en la medida que esta vez,
el convencimiento reflexivo sería condición sine
cua non, para conseguir la participación masiva de este “mercado potencial”
de votantes.
Termino este artículo,
como otras veces, dejando preguntas sin respuesta como temas de análisis y
discusión: ¿es conveniente promover en
el Perú que la edad mínima para participar en una votación sea 16 años?. Al margen de las implicancias formales que
tendría esta situación (la mayoría de edad supone la asunción de
responsabilidades jurídicas de todo tipo), desde el punto de vista de la
EDUCACIÓN, ¿está medida serviría como un
acicate para la construcción de verdadera ciudadanía?. ¿Vale la pena promover
este debate o es una pérdida de tiempo?.
